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a sus plantas rendido un león
Nilda Garré fue protagonista de uno de los legados que imaginó la épica de la década ganada: domesticar a las tropas. Primero en Defensa, después en Seguridad, le puso el cuerpo al intento de gestionar las capas subterráneas que modelan los núcleos armados de la gobernabilidad. Hoy, cuando ese control político parece estar desplanzándose hacia un lugar nuevo, Garré trabaja en Washington. Desde allí responde sobre la cuestión Milani, la demarcación entre defensa y seguridad, y el desarrollo tecnológico al servicio de las nuevas formas de la guerra.
08 de Julio de 2014
crisis #19

Durante su gestión al frente del ministerio de Defensa entre 2005 y 2010 se promovió el área de la inteligencia militar. Tal prioridad coincide con las tendencias globales y se expresa en la llegada a la jefatura del Ejército de un militar proveniente de ese sector. ¿Cuál es su impresión sobre este proceso?

—Puse mucha dedicación en el área de inteligencia de las fuerzas por las siniestras tareas que realizaron durante la dictadura y porque intuía que aun con la llegada de la democracia, si bien ya no torturaban ni desaparecían, podía haber una continuidad en la inteligencia interna con los procedimientos tradicionales y sobre sectores sociales que imaginaba. La denuncia del suboficial Alegre de la Marina en 2006, sobre las actividades que se desarrollaban en la unidad de inteligencia de la que él formaba parte en Trelew, corroboró esa intuición.

Aplicamos un modelo integral de modernización, dentro del cual la transformación del subsistema de inteligencia militar fue uno de los ejes. En esta dimensión específica, comenzamos por consolidar el gobierno político de un ámbito que había sido tradicionalmente oscuro y al que ningún civil había logrado acceder. Nos dispusimos a poner en práctica lo que ya establecía la ley de Inteligencia Nacional de 2002. Llevamos adelante una revisión exhaustiva de toda la doctrina (manuales y reglamentos) con la que las fuerzas armadas todavía se formaban y operaban. Modificamos textos que atrasaban décadas y estaban formateados en un mundo bipolar y de doctrina de seguridad nacional. Sin exagerar, había que refundar un área que había sido desvirtuada por las cúpulas militares del siglo XX para hacer espionaje político interno.

 

¿Qué méritos hizo César Milani para que se lo sostenga al frente del Ejército a pesar de las denuncias sobre su participación en la represión durante la dictadura? ¿Cuál es el proyecto de Milani y en qué sentido coincide con los objetivos del Gobierno?

—El general Milani fue muy útil durante mi gestión en el ministerio de Defensa para llevar adelante las transformaciones en el área de Inteligencia de Ejército. Cuando me hice cargo de la función, él acababa de ser nombrado subdirector de Inteligencia por el jefe del Ejército, el general Bendini, a pesar de ser un oficial del arma de Ingenieros que acababa de dejar la Jefatura del Batallón de Ingenieros de Neuquén. Si bien había hecho en 1983 la especialidad de inteligencia y tuvo con posterioridad a esa fecha tres o cuatro años de destino en esa especialidad, su carrera había transcurrido en Ingenieros.

El general Montero, por entonces jefe de Inteligencia, tenía una actividad contraria a la gestión del Ministerio. Estábamos empeñados en lograr el control político de las Fuerzas Armadas. Por eso lo relevé y designé a Milani como director. Desde ese lugar, colaboró activamente con nosotros en el cambio de doctrina, la revisión de manuales, la compra de equipamiento para la realización de inteligencia de combate y la capacitación, colaboración que no pude obtener nunca por parte de la Marina. Además, jubiló a todo el personal civil de inteligencia que había estado durante la dictadura a los efectos de depurar el sector. También nos brindó colaboración en la desclasificación del personal civil de inteligencia que actuó en la dictadura.
Milani siempre defendió la política que implementaba el poder ejecutivo respecto al control político de las Fuerzas Armadas, la sostuvo internamente frente a los sectores que la rechazaban. Fue leal con las políticas que implementábamos, quizás influido por cierta afinidad política familiar. Esta lealtad con las políticas del Gobierno era muy conocida internamente y le había granjeado algunos enemigos. Entiendo que estos sectores buscaron voceros políticos y mediáticos que quisieran atacarlo con diversos temas: que había sido carapintada primero y después lo relacionaron con la desaparición del soldado conscripto Ledo, en Tucumán. Sin embargo, fue el oficial al que sus superiores encomendaron las actuaciones administrativas por posible deserción, consistentes en completar formularios preimpresos.

Personalmente no creo las imputaciones que se le hacen. Vale recordar que era un oficial de apenas 22 años, recién salido del Colegio Militar y del arma de Ingenieros. Por consiguiente, no es fácil pensar que pudieran haberle dado un rol importante en la represión. No obstante el tema lo está investigando la Justicia y espero llegue a la verdad cualquiera sea esta. Si el general Milani fuera culpable de algunos de los cargos que le imputan los senadores Morales y Cano, o el periodista Santoro de Clarín, entre otros, seré la primera en condenarlo. Por ahora no está ni siquiera procesado en ninguna de las causas. No me gusta condenar a nadie sin tener la tranquilidad de que ha sido juzgado debidamente y con posibilidad de defenderse. Si no hiciéramos las cosas de esa manera, seríamos como ellos.

 

Uno de los mayores logros de su gestión al frente del Ministerio de Defensa fue el fortalecimiento del mando civil sobre las Fuerzas Armadas. En este sentido fue importante la articulación de un Estado Mayor Conjunto (EMCO) con capacidad de conducción estratégica. La expansión de la influencia del general Milani en los últimos años y la reciente designación al frente del EMCO de uno de sus colaboradores en el Ejército, ¿sugiere la reposición de cierta autonomía castrense en base a la proyección de un sector determinado del Ejército?

—El gobierno político de las fuerzas armadas fue el objetivo principal de mi gestión, especialmente recomendado por el presidente Kirchner porque era una tarea pendiente a pesar de los muchos años transcurridos desde la recuperación de la democracia. Se trataba, nada más y nada menos, que de cumplir con la ley de Defensa. Además, nos empeñamos en un proceso de modernización del sistema de defensa y de su instrumento militar, las fuerzas armadas. Al asumir, Kirchner designó como jefe del EMCO al brigadier general Chevallier, veterano de la Guerra de Malvinas con prestigio profesional. Ese cargo rota tradicionalmente entre las distintas armas. Atento la prolongada jefatura de un oficial de la Fuerza Aérea Argentina, resulta totalmente lógico que la nueva designación cayera en un oficial del Ejército y entiendo que no corresponde asignarle a este hecho otras interpretaciones y mucho menos entenderlo como un retroceso en el proceso de conducción política de las FFAA.

 

un kafka en la frontera

¿Cuál ha sido el desempeño del Operativo Escudo Norte y su derivado el Operativo Fortín II?

—La ley de Defensa y la ley de Seguridad Interior son muy claras en la delimitación de los ámbitos jurisdiccionales entre fuerzas armadas y fuerzas policiales y de seguridad. Las primeras tienen vedado participar en operaciones internas. Sin embargo, ello no significa que tengan excluido cooperar con las fuerzas de seguridad, por ejemplo, compartiendo información de intrusiones al espacio nacional detectadas por sus sensores. El lanzamiento articulado de los Operativos Escudo Norte y Fortín II fue la decisión de obtener el máximo de sinergia de los Sistemas de Defensa y Seguridad, respetando sus especificidades y competencias. La división del trabajo quedó clara en el Decreto y en los protocolos complementarios. El Ministerio de Defensa, con el Fortín II y a través de sus Fuerzas Armadas, incrementaba su vigilancia y control de los espacios nacionales, usando para ello radares de Fuerza Aérea y Ejército. Las Fuerzas Armadas solo comunicaban al ministerio de Seguridad las irregularidades que detectaban sus radares y las Fuerzas de Seguridad averiguaban de qué se trataba. No había otro objetivo que no fueran vuelos supuestamente irregulares o tránsito de camiones por zonas inhabituales. El ministerio de Seguridad, con el Operativo Escudo Norte y empleando a Gendarmería y Prefectura, reforzaba su capacidad de interdicción terrestre y fluvial, con mayores recursos y mejor información táctica. El primer año de Escudo Norte aumentamos un 850 por ciento el patrullaje de la zona delimitada (de 400 a 3800 patrullas). Como resultado, se incrementó sensiblemente la incautación de drogas y mercaderías de contrabando y se duplicaron las detenciones de personas implicadas en narcotráfico.

 

Los sucesivos decretos y resoluciones relacionados con el Operativo Escudo Norte muestran cierto desplazamiento en el objetivo que se persigue: de la búsqueda de información sobre las “incursiones aéreas ilegales” a los “movimientos terrestres irregulares”. Y nos llegó la información de que en la actualidad existen unidades del Ejército patrullando territorios del norte del país en conjunto con efectivos de Gendarmería. ¿No podría considerarse esta evolución como un paso hacia la policialización de las Fuerzas Armadas?

—Déjeme aclararle la impresión. No ha habido ningún “desplazamiento” de objetivos. La presidenta de la Nación ha prorrogado cada año el sostenimiento del Operativo Escudo Norte, tal cual como fue originalmente concebido: como una articulación más inteligente del Estado. Donde las distintas áreas generan información y la entregan a la Fuerza a la que le corresponde intervenir para maximizar la eficacia general. Plantear que se están policializando las fuerzas armadas por el hecho de que el Comando Operacional Conjunto avise en tiempo real a Gendarmería y Prefectura las intrusiones que detectan sus sensores, es un poco kafkiano.

 

Sin embargo, tal vez sea legítima la preocupación de distintos sectores sociales y políticos ante la utilización de las Fuerzas Armadas en situaciones o conflictos como pueden ser el narcotráfico. El debate se remonta muchos años atrás, cuando el Comando Sur de los Estados Unidos incluyó estas actividades entre las llamadas “nuevas amenazas”. Ante un posible cambio de gobierno, ¿no teme que iniciativas como el Operativo Fortín II puedan ser el punto de partida para un involucramiento más decidido de los militares en los asuntos de Seguridad Interior?

—La preocupación de distintos sectores sociales y políticos ante la utilización de las fuerzas armadas en situaciones de lucha contra el narcotráfico y otros delitos está totalmente justificada porque, a pesar de la claridad de las normas de la ley de Defensa ratificadas después en la ley de Seguridad Interior, permanentemente hay grupos y personalidades que impulsan esta posibilidad. Llevan muchos años fracasando en ese intento y lamentablemente para ellos las experiencias de Colombia y más recientemente de México no los ayudan. Los procesos de esos dos países que militarizaron su lucha contra las drogas no solo no lograron un resultado exitoso, sino que provocaron una terrible escalada en la espiral de violencia, ocasionaron miles de víctimas y por si fuera poco corrompieron a sus FFAA. Por supuesto que atrás de los sectores internos que alientan esta posibilidad está la presión de los Estados Unidos que ha impulsado una variante de la doctrina de seguridad nacional en la que “el enemigo marxista” ha sido reemplazado por las “nuevas amenazas”, palabras que incluyen distintas hipótesis desde las migraciones campesinas hasta el narcotráfico y la trata de personas, situaciones que Estados Unidos, entiende, pueden afectar su seguridad. El Operativo Fortín que hoy se desarrolla en nuestro país está encuadrado en la normativa vigente y no debe preocuparnos. La legislación argentina es muy clara. Pero hay que estar muy atento a los enemigos de siempre si quisieran modificar la normativa vigente para lograr sus objetivos.

 

los drones no tienen sentimientos

En septiembre de 2011 el ministerio de Se guridad y el ministerio de Defensa firmaron un acuerdo que incluyó un programa para desarrollar aviones no tripulados. ¿Qué objetivos tenía ese programa?

—La pregunta se refiere al proyecto SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino). Su origen se remonta a 2006 cuando decidimos evaluar y consolidar los proyectos de investigación y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAV) que desde mediados de los noventa venía ejecutando por separado cada fuerza armada. La consolidación de los tres proyectos de UAV procuraba potenciar la interoperabilidad del Instrumento Militar, fomentando una mayor sinergia operacional entre las fuerzas.

Dada la complejidad tecnológica de estos sistemas, contactamos a la empresa INVAP y a fines de 2010 suscribimos un convenio de asistencia. Al poco tiempo, asumo como ministra de Seguridad y compruebo que las fuerzas de seguridad también requerían de este equipamiento para el control de espacios jurisdiccionales. La presidenta nos indicó al ministro de Defensa y a mí trabajar en la posibilidad de normalizar UAV entre Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, la escala iba a hacer más viable el desarrollo del proyecto a nivel nacional. En octubre de 2011 firmamos un convenio tripartito con INVAP para consolidar los requerimientos operativos y elaborar un informe de factibilidad del proyecto SARA. A mediados de 2012, INVAP presenta su primera propuesta que implicaba un desarrollo de ocho años con una inversión de 220 millones de dólares. En ese período INVAP entregaría cuatro aeronaves Clase II y tres aeronaves Clase III, dos estaciones de control, cuatro estaciones de operador adelantado, once cargas útiles (un radar de apertura sintética, siete plataformas de cámaras giroestabilizadas –FLIR- y tres retransmisores de comunicaciones) y capacitación técnica.

Los cálculos expertos indicaron que alcanzar las mismas capacidades operacionales a través de tecnología extranjera madura hubiese consumido una tercera parte de esa inversión total pero hubiese significado resignarse a la dependencia tecnológica en un área estratégica. Los países de la Unasur que para ese entonces habían adquirido UAV Clase II y III (Brasil, Chile y Ecuador) se habían inclinado por productos israelíes dadas sus prestaciones y el hecho de ser equipos probados en combate. Por el contrario, para el proyecto SARA era prioritario dominar todas las tecnologías críticas e importar solo los componentes que no fuera sustentable producir en el país. Además, contemplaba un plan de desarrollo de la industria que estaba destinado a fomentar proveedores, certificar estándares de producto y procesos de fabricación bajo normas internacionales y capacitación de personal. La implementación de este proyecto iba a dar lugar a un fuerte impulso a ciencias y disciplinas complejas como la aerodinámica y la robótica, entre muchas otras. El proyecto SARA sería un esfuerzo del Estado Nacional en hacer un uso estratégico de sus recursos, al articular áreas avanzadas de ciencia, tecnología y sector productivo nacional para alcanzar hitos de desarrollo de vanguardia, como ya sucedió con la producción de satélites, radares y reactores nucleares.

 

¿Qué tipo de aportes pueden realizar en materia de inteligencia interna y en custodia de fronteras este tipo de UAV?

—Los UAV son plataformas teledirigidas con sensores embebidos.
Incrementan básicamente la conciencia situacional sobre el área de intervención. En las Fuerzas Armadas esa capacidad de “ver” el teatro de operaciones es conocida internacionalmente como C4ISR (donde la I corresponde a inteligencia). Los UAV son una herramienta muy conveniente tanto para la inteligencia militar como para la inteligencia criminal. Si puedo multiplicar una hoy insuficiente capacidad de patrullaje de las aéreas de responsabilidad en tierra y mar tan solo recurriendo a sistemas más automatizados, la pregunta es: ¿por qué no habría de hacerlo?

 

¿Incluye este programa el desarrollo de prototipos de drones armados?

—No. Los drones armados son incompatibles con el diseño del instrumento militar que la República Argentina necesita y ha definido para sí y son innecesarios para el sistema de seguridad. Hay otras formas más efectivas y confiables desde el esfuerzo nacional de policía para garantizar el derecho a la seguridad sin poner en el más mínimo riesgo el respeto a los derechos humanos.

Debe recordarse que la filosofía operacional de base para una policía o fuerza de seguridad es aplicar la menor cantidad de fuerza posible para garantizar el cese de una conducta delictual. Eso requiere de grados importantes de inteligencia social solicitados a un efectivo que muchas veces se desdeña. Ante conflictos en relaciones intrafamiliares o intracomunitarias, el policía debe ser un facilitador. Debe inhibir la escalada de violencia y poner a resguardo a la potencial víctima. Es demasiado pedirle eso, al menos por las futuras décadas, a un UAV.

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