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una dolarización en cuarentena
Ecuador llegó a un acuerdo con los acreedores externos el pasado lunes 3 de agosto, pocas horas antes del anuncio argentino. Allí también estuvo BlackRock del otro lado del mostrador, coordinando el interés de los restantes fondos de inversión. Pero la estrategia de Richard Martínez, ministro de Finanzas del gobierno de Lenin Moreno, fue muy distinta a la de Martín Guzmán. Desde Quito, una mirada poco festiva.
Ilustraciones: Ezequiel García
10 de Agosto de 2020

 

El verano tarda en llegar a Ecuador, donde el gobierno está empeñado en agredir a su población a través de la pandemia y la deuda externa. Según Andrés Arauz, economista y miembro del Observatorio de la Dolarización, “Ecuador pagó muy caro el año 2020: 342 millones de dólares de los bonos 2020 más 1000 millones de las operaciones riesgosas y 500 millones del swap de oro para recuperar bonos, además de las correspondientes penalidades e intereses. En total, en el año 2020 ya se han pagado cerca de 1982 millones de dólares”.

Richard Martínez, el ministro de Finanzas, cena con los acreedores como si fuera otro técnico de los organismos internacionales. En la Asamblea Nacional los cinco juicios políticos en su contra fueron entrampados con sobornos. Martínez mintió: no era cierto que se iban a cerrar los créditos internacionales si no se pagaba. El mercado de bonos está cerrado desde antes de la pandemia.

El riesgo país escaló sobre los 3200 puntos (luego del acuerdo descendió 496 puntos, para ubicarse por encima de los 2700 puntos). “La renegociación con Ecuador no se puede ver por fuera del contexto mundial y sentará un precedente para los países pobres. En el 2021, decenas de naciones de África y Asia van a quebrar. Ecuador, además de ser el primero en pagar, también es el primero en negociar. Por otro lado, habría sido interesante plantear una negociación conjunta con la Argentina y otros países de la región”, explica Arauz.

El valor de los bonos cayó al 20% y el 25% de su valor por la pandemia. Con el puño sobre la mesa, los tenedores piden la intervención del Fondo Monetario Internacional para que obligue al gobierno a firmar un acuerdo por venir que tendría condiciones beneficiosas solamente para ellos. Hay una enorme presión para que en sus cláusulas legales se estipule que el próximo gobierno no pueda cambiar su política económica. Sobre todo, que no pueda recomprar deuda y bloquear los juicios de los tenedores de bonos. Quieren evitar que se repita la renegociación de la deuda del 2008, donde buitres y bonistas fueron derrotados judicialmente.

“habría sido interesante plantear una negociación conjunta con la Argentina y otros países de la región”, explica el economista andrés arauz

 

de la deuda odiosa al estado anémico

Para el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la auditoria integral de la deuda externa fue un tema de derechos humanos. En 2008, Ecuador se declaró en default, Correa designó un Comité de Auditoría de la deuda externa contraída entre 1956 y 2006. Gran parte de la deuda fue catalogada como “odiosa”, principalmente los bonos privados, con tasas del 10% y el 12%.

En 2009 comienza la recompra de deuda, logrando un descuento del 70%, lo que significó un ahorro de 8 mil millones de dólares. Se inició así un importante proceso de desendeudamiento: en ese momento el país tenía un alto crecimiento de su PBI nominal y superávit fiscal. El endeudamiento llegó a ser el más bajo de la historia, menos del 10% del PBI. La Constitución de Montecristi (2008), a través de la Ley de Finanzas públicas, estableció un techo de deuda externa del 40%.

“Endeudarse no es malo, depende para qué utilizamos ese financiamiento. La deuda externa determina nuestra posición frente al mundo y es vital para un programa de desarrollo”, afirma el economista Juan Pablo Jaramillo. “Para hacer sostenible cualquier deuda, la mejor forma no es la austeridad fiscal, es el crecimiento económico. El principio básico es que si la economía, en términos nominales, crece por encima de la tasa de interés de la deuda, esta deuda no aumenta”.

Después de 10 años de gobierno, Correa dejó una deuda de 28 mil millones, es decir, del 28% del PBI. Con apenas tres años de gobierno, Moreno acumuló compromisos por 20 mil millones. En 2019 la deuda llegó a ser del 60% del PBI. Durante este último período, la población perdió su capacidad de consumo y la inversión extranjera nunca llegó.

El 65% de la deuda que están tratando de reprogramar efue contraída durante el gobierno de Moreno. Según el acuerdo, los pagos más fuertes se retrasan hasta el 2025 (y se recibirán 2.400 millones de dólares de la China). El verdadero impacto será posterior a 2030. La deuda asfixiará a las próximas dos generaciones.

 

la ola de la pandemia

“El aumento de la pobreza y la crisis de la deuda no son producto de la pandemia, sino de una política económica errática. El país ha crecido solamente un 1% en 3 años. Moreno modificó la ley para superar el 40% de deuda consolidada, y llegó al 60%. El primer trimestre de 2020 Ecuador decreció 2,4%. Con la pandemia decrecerá entre el 7% y el 10%. El país ya estaba en recesión antes del COVID-19”, afirma Jaramillo.

Los pagos de deuda externa durante este año significaron menos liquidez en la economía ecuatoriana, y el incumplimiento de las obligaciones del Estado con sus ciudadanos. Se empujó a la población a salir a la calle, al trabajo informal, es decir, al contagio. Los gobiernos provinciales no han recibido su presupuesto. No hay dinero para los proveedores nacionales, pero sí para la banca extranjera. Desde que empezó la pandemia, los despidos de médicos y docentes aumentan; el retraso en el pago de los salarios de los funcionarios públicos ha sido constante. Los aportes a la seguridad social fueron afectados por el aumento del desempleo.

“Esta restructuración de la deuda soluciona menos de la mitad del problema”, afirma Jaramillo. “Que en los próximos 5 o 10 años la cantidad de dólares que se envía al extranjero para pagar la deuda sea menor. Se aplaza el pago hasta 2030, con menores cuotas de pago, pero en los siguientes diez años se compensarán estás cuotas”.

Para que un sistema de dolarización se sostenga se necesitan precios del petróleo altos, exportaciones y entrada de capitales. Pero lo que verdaderamente ha sostenido la dolarización ecuatoriana han sido los migrantes, “porque durante sus primeros diez años enviaron 50 mil millones de dólares en remesas, con pequeñas transacciones de 100 o 200 dólares mensuales. Quien quiera analizar la economía ecuatoriana y su sistema de dolarización sin tomar en cuenta el dato de los capitales en el exterior, va a tener una lectura parcial o distorsionada. El monto total que tienen las élites en el exterior es de 27 mil millones de dólares, casi igual al monto total de depósitos a la vista en el sistema financiero, eso quiere decir que hay un sistema financiero ecuatoriano paralelo operando en el exterior”, explica Arauz.

Si ese dinero estuviera en el país habría el doble de crédito en la economía. Hay mucho que hacer en materia de regulación económica, la salida de capitales de Ecuador es mayor que la de México y Brasil. Ecuador es un país con riqueza, con liquidez y reservas, pero están entregadas a las élites empresariales y a unas pocas familias.

Además, es imperativo declarar a la dolarización en cuarentena. Limitar la salida de divisas, imponer salvaguardas, controlar las importaciones suntuosas.

quien quiera analizar la economía ecuatoriana y su sistema de dolarización, sin tomar en cuenta el dato de los capitales en el exterior, va a tener una lectura parcial o distorsionada. el monto total que tienen las élites en el exterior es de 27 mil millones de dólares

 

qué hacer

Andrés Arauz es uno de los promotores de los Derechos Especiales de Giro, la propuesta de la Internacional progresista para paliar la crisis económica de la pandemia. Se trata de una moneda mundial, creada en 1969, que les permite a los bancos centrales de cada país emitir recursos frescos. De esta manera, el FMI podría distribuir 4 billones de dólares a través de líneas swap entre bancos centrales, según el peso económico de cada país. No se trata de un crédito ni una deuda. La estructura del sistema económico mundial permite emitir dinero electrónico y entregárselo a la gran masa de trabajadores autónomos sin ingresos fijos, que no suelen estar incluidos en el sistema financiero. Cada Banco Central otorgaría cuentas a los ciudadanos para que puedan cobrar una determinada cantidad de dinero, sin la intermediación de la banca privada. Así el estado tiene una relación directa con la población. 

También se puede usar la Constitución para impugnar la deuda. De hecho, ya se han iniciado acciones judiciales para frenar la renegociación, como la acción de protección presentada ante la Defensoría del pueblo. Además, la Veeduría ciudadana por la deuda externa le pidió al ministerio de Economía que aclare los términos del acuerdo.

Pero mientras el Movimiento Indígena del Ecuador (MIE) y la Revolución Ciudadana estén enfrentados, exigiéndose autocrítica sin reconocer la persecución política ni la proscripción electoral, no podrán construir una coalición con un proyecto de desarrollo posterior a la pandemia, dar una batalla cultural que discuta los conceptos de trabajo y desarrollo de una élite articulada a los intereses del capital financiero internacional, que puso a la economía en hibernación para depredarla. Salvo la disputa por los recursos naturales todo es ilusión. Hay que ser capaces de expropiar la incertidumbre, para que las nubes se despejen y volver a imaginar un futuro.

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