Patricia Bullrich destinó los meses que siguieron al fin del gobierno de Cambiemos a escribir un libro que publicó en diciembre de 2020. Guerra sin cuartel cerraba con un decálogo sobre el liderazgo en seguridad, algo en lo que Bullrich creía que podía dar cátedra, especialmente después de haberse mantenido en el cargo durante la totalidad de la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada. En el cuarto punto, la exministra aconsejaba: “Estudie detenidamente el área sobre el que va a trabajar y escuche a todos sus asesores sin excepciones ni prejuicios. En materia de seguridad, los errores se pagan caros”. Para entonces, estaba en pleno funcionamiento el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), una ONG que ella lidera y cuya razón de ser es supuestamente la capacitación y formación en materia securitaria. Sin embargo, para la Inspección General de Justicia (IGJ), el IEES funciona como una pantalla para financiar la campaña de Bullrich como precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en otra batalla sin cuartel, la que libra contra su archienemigo interno Horacio Rodríguez Larreta.

El 3 de julio de 2021, Bullrich comunicó a través de sus redes sociales que no sería candidata de JxC en las elecciones de medio término. En ese mismo gesto, se subió a la carrera presidencial. Sabía que era una apuesta difícil y que Rodríguez Larreta tenía la estructura de la Ciudad de Buenos Aires para construir un plafón electoral.

La pregunta sobre cómo financiarse rondaba desde hacía tiempo. En mayo de ese año, se había abordado el tema de los recursos en una asamblea del IEES. Martín Siracusa, un economista que la había acompañado en su paso como diputada y como ministra, planteó la idea de hacer seminarios que terminaran con un almuerzo para intercambiar experiencias. La propuesta quedó formalizada en un acta del 2 de mayo de 2021.

Un año después, los diarios empezaron a hablar de los almuerzos de Bullrich. El Cronista publicó que la exministra tenía estos encuentros culinarios con empresarios y pedía dólares. Una semana después, Perfil difundió que Bullrich cobraba 50 mil pesos por almorzar con ella. El cachet de la dama de hierro del PRO estaba en alza. A principios de 2023, Página/12 estimó que las veladas costaban hasta 600 mil pesos y relató que la exfuncionaria cambiemita había montado un búnker en el Hotel Palladio, ubicado en la avenida Callao.

Estas publicaciones derivaron en una investigación que inició la IGJ sobre el instituto de Bullrich. Para el organismo que dirige Ricardo Nissen, la precandidata presidencial desvió dinero que recibió en un centro de formación hacia su campaña. De esa forma, financió viajes por las provincias e incluso una visita a Miami en diciembre del año pasado; pagó a consultores en comunicación y periodistas e incluso le facturó ella misma más de 3,5 millones de pesos a la asociación civil que preside -algo que está prohibido. Por estas irregularidades, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dispuso la intervención del IEES hasta enero de 2024, cuando ya haya asumido otro gobierno.

think tank, literal

El IEES no es una criatura de Patricia Bullrich, sino de su pareja, Guillermo Yanco. El abogado -que dirige el portal de noticias Vis a Vis con el exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y ejerce como vicepresidente del Museo del Holocausto- fundó en 2006 el Instituto de Estudios Argentinos en Políticas Públicas (IDEAR). En redes sociales, IDEAR se mantuvo activo hasta mediados de 2016. Después ese sello mutó y dio lugar a la creación de otro: el IEES.

Para entonces, Bullrich estaba en plena gestión como ministra de Seguridad de Macri. En 2016, el IESS consiguió magros recursos, únicamente 20.200 pesos, y tuvo gastos por más de 36 mil. No había que ser muy hábil con las matemáticas para saber que las cosas no estaban funcionando como debían. En 2019, durante el último año de gestión de Cambiemos, el Instituto tuvo ingresos por 741 pesos y gastos por 297.364,49. El rojo de las cuentas era total.

La suerte empezó a cambiar con los seminarios y los almuerzos propuestos por Siracusa, a quien Bullrich define como un “economista brillante”. En 2021, recaudaron 5.743.632,81 pesos. Al año siguiente, el salto cuantitativo fue digno de batir algún récord: 85 millones de pesos en ingresos. De esos, 60 millones venían directamente de los cursos y de los almuerzos.

¿Cómo se generó esa verdadera revolución en las finanzas? Según las explicaciones oficiales, se hizo a través de los cursos, que no se publicitaban en redes sociales o en la web, sino que se promocionaban telefónicamente. En su dictamen, la IGJ contestó que era poco verosímil. En 2022, se registraron sesenta eventos en los que participaron unas cuatrocientas personas humanas y jurídicas. El llamado uno a uno parecía una estrategia un tanto vetusta.

plana mayor

Patricia Bullrich llevó al IEES a buena parte de su plana mayor en el Ministerio de Seguridad. El único que fue excluido con toda deliberación fue Eugenio Burzaco, actual ministro de Seguridad porteño. Entre Bullrich y Burzaco solo hubo chispas. La exministra cuenta en su libro que Burzaco llegó a su cartera por un pedido de Marcos Peña y que tenía pensado ser “su Sergio Berni”, es decir, su némesis en el ministerio –como había sido Berni con Nilda Garré.

Hasta diciembre pasado estuvieron su marido, Yanco, y Gerardo Milman, su mano derecha en el Ministerio de Seguridad y también después. La salida de Milman puede explicarse por la exposición pública que tuvo después del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre del año pasado. Un testigo declaró ante la justicia haber escuchado a Milman, dos días antes del atentado, decirles a dos mujeres –Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz– que estaban con él en el bar Casablanca: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

En mayo pasado, Bohdziewicz se presentó ante la fiscalía para declarar que un perito había borrado su teléfono, uno de Gómez Mónaco y, al menos, había manipulado el de Milman en noviembre pasado. El dato relevante fue que la mujer, que hasta hacía unos meses antes había estado a cargo de llevarle la agenda al diputado del PRO, dijo que el borrado se produjo en unas oficinas de Bullrich en Avenida de Mayo al 900. El IEES tiene su sede en Avenida de Mayo 953, tercer piso.

puerta giratoria

Martín Siracusa, el que supuestamente tuvo la idea de los almuerzos, es el secretario del IESS. Durante la era Cambiemos fue el subsecretario de Gestión Administrativa en la Secretaría de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad. Siracusa intercambió algunos llamados entre julio y agosto de 2016 con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, quien, además, le envió su CV para esa fecha, tal como reconstruyó el juez Alejo Ramos Padilla mientras estuvo a cargo de la causa de espionaje en Dolores.

Silvia Turetzky es la tesorera del IESS y fue la directora general de Administración del Ministerio de Seguridad de Bullrich. También ejerce como tesorera de Unión por la Libertad, el partido de Bullrich. Entre los vocales están Sebastián García D’Onofrio, que se desempeñó como director de Presupuesto y Contabilidad, y Federico Saettone, que ofició como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior. Saettone era una especie de coordinador del despacho de Bullrich mientras ejercía como diputada.

El politólogo Alberto Föhrig es vocal, también. Fue secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad y actualmente funge como coordinador de equipos de gobierno. Dentro de la comisión directiva también se encuentran Gastón Schulmeister, que fue director nacional de Cooperación Internacional de Bullrich en Seguridad y actualmente dirige el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA), y Marcela Budiño, que actuó como subsecretaria de Estadística Criminal.

Javier Parysow –excoordinador de Vinculación Científica y Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Ministerio de Seguridad– también figura como vocal, al igual que Adriana La Forgia, quien estuvo al frente del Comité de Seguridad G20 –que se conformó en la previa de la cumbre de 2018. Como revisores de cuentas están, entre otros, Silvia Datsira –que fue parte de IDEAR y de la Asociación Iberoamericana de Empresarias– y Martín Culato, exdirector de Apoyo a los Programas Provinciales del Ministerio de Seguridad.

almorzando con la dama de hierro

El 12 de abril, Patricia Bullrich y su hombre de confianza para las finanzas, Luciano Laspina, encabezaron un almuerzo en el Hotel Hilton en Puerto Madero. El evento fue promocionado por la Cámara del Comercio y la Industria franco-argentina (CCI) en su sitio web. El cubierto para los socios costaba 28 mil pesos, y para los no asociados, 40 mil. Quince días después, la IGJ presentó la denuncia contra la presidenta del PRO –actualmente de licencia en ese cargo.

El organismo detectó varias transferencias que hacían referencia a almuerzos o cenas. Una de las más abultadas fue de Ansal Refrigeración, una importadora, que transfirió 90 mil pesos. También giró con esa referencia Rolando Ahualli, ligado a la papelera Massuh de Quilmes.

Otra persona que también giró 30 mil pesos bajo ese concepto, según el dictamen de la IGJ, es Facundo Manzoni, que sería un joven dirigente del PRO de Córdoba. Manzoni es productor agropecuario y se presenta como una renovación del sector –al que critica por su comunicación fallida. En las elecciones de Córdoba ganó la intendencia de Viamonte. Lo felicitaron Rodríguez Larreta y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), el sector opuesto al de Bullrich dentro de Juntos por el Cambio.

apoyos individuales

Entre junio y diciembre de 2022, David Lacroze Ayerza transfirió cerca de 3 millones de pesos en concepto de pagos de seminarios o donaciones. Lacroze Ayerza abraza con la misma intensidad la versión extrema del macrismo como su aversión al kirchnerismo. En 2019, fue quien se dedicó a hostigar a Cristina Kirchner mientras volaba a Cuba a visitar a su hija enferma y después de la muerte de su madre, Ofelia Wilhelm. Es un empresario agropecuario ligado a Macri y a su exjefe de Gabinete, Marcos Peña. Después del escrache a CFK, la Sociedad Rural Argentina (SRA) lo desplazó de la comisión directiva que integraba. En 1980, en plena dictadura, estuvo al frente de la Junta Nacional de Granos, donde trabó amistad con el entonces secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta, el padre de la Reina Máxima. Ese vínculo familiar se conserva: en abril de este año, Lacroze Ayerza fue fotografiado junto con María del Carmen Cerruti, madre de Máxima, en la gala de la Asociación Conciencia.

Fundada en 1982, Conciencia está directamente ligada a la familia Lacroze: su esposa y sus dos hijas la presidieron. Conciencia hizo, en general, foco en cuestiones vinculadas a la educación y tuvo como su buque insignia los modelos de Naciones Unidas para estudiantes secundarios, que solían celebrarse en regimientos o en el propio Colegio Militar de la Nación. La vicepresidenta de la Asociación, Lucrecia Lacroze, está casada con Emilio Basavilbaso, ejecutivo del Grupo Clarín y extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) durante el macrismo.

De la familia militar, Bullrich también recibió donaciones. El coronel retirado Marcelo Rozas Garay hace aportes al IEES que él también integra. Durante la era Cambiemos, Rozas Garay fue subsecretario de Reducción de Riesgos de Desastres. Integra, además, el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía –espacio que comparte con Yanco. Uno de sus hijos supo ser parte del estudio jurídico de Alejandro Pérez Chada, abogado histórico de Macri y que también representa al exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

El abogado Carlos Caride Fitte también es uno de los donantes que detectó la IGJ. Se recibió como abogado en 1975 y tres años después trabajó en la Secretaría de Programación y Coordinación Económica de la dictadura, a cargo de Walter Klein. Caride Fitte intervino en causas de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad: en Acindar representó a Juan Pedro Thibaud, que quedó desvinculado de la investigación por cuestiones de salud, y en Ford representa al exgerente de Manufactura Pedro Müller, condenado a diez años de prisión.

Ignacio Lartirigoyen terminó de estudiar en 1979 y cuatro años más tarde fundó Lartirigoyen y CIA, una de las agroindustriales más grandes del país. A principios de este año, lo integraron a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde se codea con Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín) y Julio Saguier (La Nación), entre otros dueños del país. En Agrositio, lo presentan como un verdadero emprendedor y un hombre de fe: dicen que por confiar en el gobierno de Cambiemos su empresa pasó de tener cuatrocientos empleados a tener mil. Posiblemente por esa confianza es que Lartirigoyen es uno de los principales donantes al IEES. En mayo de 2022, le transfirió 500 mil pesos. En agosto, repitió la misma suma, según la información recabada por la IGJ.

Otros donantes importantes del instituto de Bullrich son Juan Carlos Milberg, ligado a La Costura SA, y el CEO del Grupo Hasar Alfredo Sanjurjo, un empresario del sector del software. En esa área, Bullrich también tiene el apoyo de Luis Teófilo Szychowski, presidente de Exo Soluciones.

amistades corporativas

Entre el Banco Galicia, Mirgor SA y Sar Suela SRL, el IEES recibió cerca de 9 millones de pesos, estimó la IGJ en su investigación. El Banco Galicia es una entidad conformada por tres de las familias más ricas de la Argentina: los Escasany, los Ayerza y los Braun –de la que es parte el exjefe de Gabinete Peña. Mirgor SA es una empresa fundada en la década de 1980 para la producción de aires acondicionados para autos. Su fundador es Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri. Aun cuando estuvo alejado del expresidente, “Nicky” nunca se alejó del PRO. Sar Suela es menos conocida. Se dedica a la fabricación de calzado. Su actual gerente es Claudio Cerutti, que en 2015 reportaba en el área de Ceremonial del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido.

Otro de los grupos que hizo donaciones al IEES es 19 de marzo SA, que pertenece a la familia Pereyra Iraola –históricos terratenientes argentinos, ligados a familias patricias como los Álzaga, los Anchorena o los Bullrich. La asociación civil de la exministra de Seguridad también registra transferencias de la tabacalera British American Tobacco (BAT), hasta 2016 conocida como Nobleza Piccardo.

La Mercantil Andina, la empresa de seguros del Grupo Pescarmona, también contribuyó con el IEES. Después de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Planificación, Enrique Pescarmona se presentó como arrepentido de haber pagado coimas en dólares y dijo que ya no quería hacer negocios con el Estado, pero los donó a la ONG de Bullrich.

Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, también hace aportes al IEES. Mindlin conoció una prosperidad milagrosa durante el gobierno de Macri e incluso adquirió la constructora IECSA, la contratista de las familias Macri-Calcaterra. Al igual que Yanco, Mindlin está ligado al Museo del Holocausto.

La IGJ también detectó que dos casinos de Santa Fe, Melincué y Puerto Santa Fe, hicieron donaciones al instituto que lidera Bullrich. En caso de ser un aporte de campaña encubierto, como sospecha el organismo que depende del Ministerio de Justicia, esto constituiría una violación a la Ley 26.215, que prohíbe que los partidos políticos reciban fondos de quienes explotan juegos de azar. Los partidos tampoco pueden recibir dinero de contratistas o concesionarias, como La Cooperativa - Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, que entre julio y octubre de 2022 le giró 1 millón de pesos.

contabilidad creativa

Para la IGJ, el IEES es un canal para financiar la campaña de Bullrich. Eso puede detectarse en el pago de viajes e incluso de las líneas de teléfono del partido Unión por la Libertad, o en la contratación de distintos expertos que raramente asesorarían a un instituto ligado a la formación e investigación en seguridad.

En junio de 2022, el IEES le pagó 110.300 pesos a Cambytour SA por un viaje a Salta. Para esa fecha, Bullrich estuvo en la provincia del noroeste. El 16 de junio de ese año, la exministra se vistió con un poncho rojo, se subió a un caballo y le tomaron una foto mirando el monumento del general Martín Miguel de Güemes. “En Salta nos inclinamos ante la enorme figura del gran prócer del norte argentino”, tuiteó. Hubo también pagos y viajes de campaña en Mendoza o Bahía Blanca en ese período.

El IEES le abonó 6.063.289 pesos a la consultora IQ4B, que se dedica a la minería y análisis de datos. El instituto también contrató a Comunicaciones Sudamericanas SA, la consultora de Raúl Timerman, para relevar el clima social y le pagó 1.764.000 pesos. Se registraron también pagos al abogado y consultor en comunicación digital Maximiliano de Franchi, al exdirector de Información y Capacitación Electoral Santos Urquiza Rueda, a María Oneto –que es la encargada de recaudación de la campaña, según La Nación– y a dos integrantes del equipo de comunicación de Bullrich.

Otra persona que recibió un pago del IEES es la periodista Silvia Peschiera, que también supo desempeñarse como productora del ciclo televisivo de Mirtha Legrand. Actualmente, Peschiera está a cargo de la comunicación audiovisual de Bullrich. La periodista había estado muy expuesta en 2018 después de que Natacha Jaitt publicara en Twitter los mensajes que Peschiera le habría mandado a su hermano, Ulises Jaitt, incentivando a la modelo a hablar en el show de Canal 13. El 31 de marzo de 2018, Jaitt vinculó a distintas personalidades de la política, el espectáculo y el periodismo con los casos de abusos sexuales y pedofilia que habrían sufrido jugadores de la reserva del Club Atlético Independiente. La propia AFI radicó una denuncia por estos hechos. En Dolores, el juez Ramos Padilla encontró informes en poder de D’Alessio sobre esta operación de inteligencia que el falso abogado le atribuyó al exfiscal Eduardo Miragaya –que había reportado en la AFI durante la era Cambiemos– y a la exagente Ana Polero –que acompañó a Jaitt al programa en calidad de “asesora de moda”.

Pero no todos los ingresos se destinaron a la comunicación. La IGJ advirtió también que el IESS financió el viaje de Bullrich a Miami en diciembre del año pasado, ya que encontró un pago a Tucano Tours por 1.760.954 pesos. En esa fecha, la exministra dio una conferencia en el Interamerican Institute for Democracy en el que arremetió contra el Grupo de Puebla, que agrupa desde 2019 a referentes de la izquierda latinoamericana y que tenía previsto, para cuando Bullrich estuvo en Estados Unidos, hacer un acto de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa conocida como “Vialidad”. En el portal personal de Bullrich, la entrada sobre su presencia en el Interamerican Institute for Democracy quedó vacía después de la denuncia de Nissen. “No es lo único que borraron”, advierte un asesor que hace tiempo analiza los pasos de la exministra de Seguridad que está dispuesta a hacer una campaña sin cuartel pero preservando algunos secretos.