Una catarata de fallos judiciales, persecuciones policiales y políticas restauradoras del orden territorial se ha precipitado sobre Chubut y Río Negro. En Ingeniero Jacobacci, en Esquel, en Bariloche, las recuperaciones territoriales mapuche se enfrentan a la reacción del sector propietario. Este sector se encuentra articulado políticamente a través de cuadros dirigenciales del PRO, La Libertad Avanza y sus terminales judiciales.       

Las luchas del pueblo mapuche por el reconocimiento de su autonomía, lengua y territorio no comenzaron hoy, ni hace diez, ni hace veinte años. Desde que los Estados argentino y chileno ocuparon militarmente los territorios del sur del Cono Sur, a fines del siglo XIX, múltiples acciones de resistencia, recuperación y reconstrucción han tenido lugar.

Pero en los últimos veinte años, tal vez de la mano de crisis crónicas a nivel nacional, el reclamo mapuche ha alcanzado una visibilidad notoria. Apoyado en múltiples experiencias de organización previas, el fortalecimiento y la visibilización de sus demandas puso en evidencia tanto la historia de injusticias y despojos sufrida por los pobladores del Chubut y Río Negro, como otra de contradicciones, omisiones y avasallamientos protagonizada por el Estado y el conjunto de propietarios y terratenientes despojadores.

Los reclamos mapuche desde la década del 2000 se viabilizaron legal y políticamente a través de la recuperación, la reafirmación, la defensa, la protección y la guarda de territorios que están, por lo general, en disputa. También en la instauración de la educación intercultural bilingüe y experiencias de comanejo de bienes comunes y recursos naturales. Pero la enorme publicidad que tomó la cuestión con la desaparición de Santiago Maldonado, los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay y los múltiples heridos y detenidos producidos por fuerzas represivas formales e informales en Chubut y Río Negro ha marcado la última década.

Frente a este movimiento, el régimen ensayó una respuesta. Hemos intentado caracterizar al bloque propietario que se constituyó para enfrentar la “amenaza mapuche” en otros textos. Lo cierto es que además de recurrir a la represión pura y dura, tanto legal como ilegal, el bloque propietario aglutinado en “Consenso Patagonia”, “Consenso Bariloche” (que, por cierto, bajó su página web e hizo privada su página de Facebook)  y articulado políticamente por el PRO, sectores del radicalismo y de La Libertad Avanza expresa hoy éxito en la construcción de un dispositivo de escarnio y persecución que expresa ansias revanchistas.        

de la periferia al centro
 

Si bien el ascenso de la ultraderecha al gobierno nacional aceleró las cosas, el proceso estaba en marcha desde antes. El dispositivo revanchista reúne prácticas de diferentes orígenes y sintetiza las experiencias de lucha del sector propietario. Reproduce caminos que le han sido exitosos en otros ámbitos. Allí juegan un papel crucial las kafkianas idas y vueltas del poder judicial y sus capacidades mágico-arbitrarias de transmutar la inocencia en culpabilidad y viceversa.

Las primeras experiencias del frente de abogados y propietarios contra la amenaza mapuche se dieron tímidamente en parajes alejados de la Línea Sur, en Río Negro, desconocidos para el habitante de Palermo o del AMBA en general. Hacia agosto de 2021, en Carri-Lauquen (Laguna Verde), un paraje rural en los alrededores de Ingeniero Jacobacci, María Antual y su familia fueron intimados a desalojar un predio que históricamente habían habitado. Ernesto Saavedra, miembro de Consenso Bariloche, antiguo aspirante a la gobernación de la provincia y cuyo nombre se repetirá en distintas causas anti-mapuche, fue el abogado de los terratenientes querellantes. En la misma zona, Saavedra también intervino en causas contra los lof Ponce-Luengo y Pedraza-Melivilo. Todas estas comunidades, nucleadas en el Consejo Asesor Indígena (CAI), una organización de base del pueblo mapuche, tenían medidas cautelares provistas por una demanda colectiva que el CAI había iniciado contra la provincia de Río Negro cerca de quince años antes.

Saavedra también será protagonista de la defensa de Martín Feilberg, uno de los asesinos de Elías Garay.

En menos de un año los aprendizajes realizados en los fueros civiles y penales del interior de Río Negro se trasladaron a conflictos más visibles, lo que rondan Bariloche y la zona cordillerana. Como en Villa Mascardi (frente a la recuperación territorial de Lafken Winkul Mapu) y en Cuesta del Ternero (con lof Quemquemtrew), pero también y previamente en el rápido desalojo del lof Gallardo-Calfú (vecino de Joe Lewis) lo que se verifica es la puesta en práctica de una estrategia que hace actuar articuladamente frentes jurídicos, políticos, mediáticos y territoriales. Se materializa en demandas y resoluciones en juzgados locales y nacionales; en alineamientos, pactos y verticalización de órdenes en las instituciones de gobierno; en la propalación de estigmas y opiniones negativas en la prensa y las redes; en caravanas, movilizaciones y grupos informales de choque en el territorio. Y también en la máxima expresión de estos ordenamientos, estatalmente articulada: fuerzas de seguridad siguiendo directivas “legales”. El Comando Unificado.

propietarios recuperando territorio
 

Ordenada esta nueva estrategia, el bloque propietario se lanzó al restablecimiento de sus privilegios de casta. No sólo detuvo en los tribunales los principales reclamos y reivindicaciones territoriales originarias. Alcanzado esto, fue por los logros obtenidos en los años previos por distintas fracciones mapuche.              

Eran pequeños éxitos en la reconstrucción de este pueblo, ganados sin violencia, con aval judicial y amparados por leyes que, como la 26.160 (nacional) o la 2287 (provincial) no garantizaban nada, pero al menos permitían respirar.

En febrero de 2022 la justicia federal de Bariloche ordenó la emisión de un título de propiedad comunitaria para el lof Millalonco-Ranquehue. El juicio se había ganado el año anterior. Se coronaba así una victoria, en una disputa contra el Ejército Argentino, por el control de unas 180 hectáreas en zona de bosques nativos.

Pero pocos meses después, la tortilla se volteó. La estrategia fue insólita. El fiscal Carlos Stornelli, desde Comodoro Py, a unos 1600 kilómetros de Bariloche, apuntó a una supuesta incompetencia de los abogados del Ejército, que habrían omitido apelar el fallo de primera instancia y se llevó la causa para Buenos Aires. Menos de un año después la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi, detuvo el reconocimiento del predio. La Corte Suprema ratificó esta decisión en marzo de 2023.

Algo similar ocurrió con el caso del lof Buenuleo, que ya hemos tratado en esta revista. El lof había logrado la recuperación de su territorio y sorteado las presiones violentas que los propietarios y sus fuerzas de choque habían intentado. Pero, ordenado el bloque revanchista, primero la Cámara de Apelaciones y luego la Corte Suprema revirtieron las decisiones judiciales favorables a los mapuche, que actualmente enfrentan un juicio por usurpación. De su propio territorio. Incluso el lonko Mauro Millán, del lof Pillan Mawiza, un importante referente mapuche de toda la región, corre el riesgo de una condena a pesar de no ser parte de Buenuleo.        

haciendo tronar el escarmiento
 

El caso de Buenuleo ilustra la bisagra entre la recuperación del privilegio de casta y el disciplinamiento de aquellos insolentes que se atrevieron a cuestionarlo. Son parte del mismo movimiento. El armado político-social de los propietarios no se contentará con la restauración de los cánones de propiedad, sino que pedirá la sangre de los herejes. O su prisión.

El desarme de la mesa de diálogo de Villa Mascardi, que había logrado acuerdos que escandalizaron al Consenso Bariloche, no se limitó a desconocer la entrega de tierras pactada y el respeto por el rewe y la casa de la machi. Sino que avanzó en el escarmiento de quienes visualizó como figuras relevantes, estuvieran o no vinculadas a los hechos. Facundo Jones Huala fue extraditado a pesar de sus múltiples pedidos de cumplir su pena en Argentina. Matías Santana y Gonzalo Coña fueron detenidos.  Las mujeres mapuche detenidas en el desalojo de Winkul en octubre de 2022,  Betiana Colhuan, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Celeste Ardaiz continúan procesadas. En tanto, se suman los pedidos para anular formalmente los acuerdos de Mascardi. La revocatoria del acuerdo permitiría la persecución judicial de quienes participaron del mismo.

En Chubut, cerca de Esquel, la comunidad mapuche-tehuelche Nahuelpan, víctima histórica de múltiples avasallamientos, también fue a juicio en los últimos meses de 2023. Una recuperación territorial redundó en allanamientos, detenciones, y procedimientos ilegales. En 2022 un allanamiento realizado por más de veinte policías en Nahuelpan incautó “un poste y dos varillas de alambrado”. Finalmente dos personas tuvieron condenas por usurpación. Del propio territorio de la comunidad.   

Un último dato, quizá menos publicitado. Entre el fin de 2023 y el inicio de 2024 una demanda colectiva presentada hace quince años contra la provincia de Río Negro  por el Consejo Asesor Indígena (CAI) fue dictaminada en contra. La demanda reunía los reclamos de diez comunidades de Río Negro, desde la cordillera hasta la meseta de Somuncura. Se pedía a la provincia reconocimiento y amparo, con fundamentos en cientos de páginas de documentos de archivo, pericias agronómicas, catastrales y antropológicas, además de los testimonios de una decena de pobladores y otros profesionales.      

En el mismo lapso y en la misma provincia, el gobierno de Alberto Weretilnek modificó la ley de tierras, abriendo los recursos naturales a la explotación minera y liberalizando la posibilidad de comprar por parte de extranjeros.  

tramando lo futuro
 

La trama de vinculaciones es extensa, sorprendente y hasta absurda. Cuando los  —hoy absueltos— jueces Julián Ercolini, Juan Bautista y Carlos Mahiques, Yadarola y Cayssials, el funcionario D’alessandro y los directivos de Clarín Rendo y Cassey, junto a un exespía (Bergroth) y un publicista de redes sociales (Reinke) fueron a pasear a la estancia de Joe Lewis, se anduvieron también por el centro de esquí que gerencia Gastón Gaudio, Baguales. Baguales es de capitales qataríes, específicamente de la familia real de Qatar. Pero no son los únicos árabes en la zona, también hay vecinos reales emiratíes para algunas de las comunidades nucleadas en el CAI que demandaron a Río Negro.

En otras  —¿o las mismas?— coordenadas y como se ha preocupado en señalar Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, la articulación política da pistas para rastrear a Gastón Marano, abogado de Gabriel Carrizo, uno de los “copitos” que intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner. Era asesor del actual Gobernador del Chubut, Ignacio Torres, cuando era Senador. Acorde a sus dichos previos, Torres se ha preocupado en señalar la responsabilidad de una comunidad mapuche en los incendios en el Parque Nacional Los Alerces del último verano.

Se acumulan así los indicios de la existencia de un ecosistema de relaciones personales, políticas, laborales y comerciales que es el caldo en que se cultiva la respuesta a la interpelación mapuche, como parte de una vocación de revancha contra los intereses populares en general. Y esas vinculaciones conectan los entramados locales con el gran capital transnacional a través de redes de socialización, lugares de intercambio, esparcimiento y negocios. La casta dialoga intra e internacionalmente. En esos ámbitos se cocina la revancha de clase.         

En más de una dimensión, el avance del sector propietario en Chubut y Río Negro replica el repliegue de los sectores populares a nivel nacional. Con especificidades y sedimentaciones históricas diferenciadas, el pueblo mapuche no escapa a las generales de las confrontaciones nacionales. 

La avalancha de fallos en contra de las comunidades mapuche, la persecución y el escarmiento de algunos de sus líderes, la transmutación de logros y avances en derrotas y condenas no sólo son expresión de injusticia y revancha, sino también dinamita bajo los débiles puentes del diálogo y la elaboración política de los conflictos.

Cabe preguntarse, en estos contextos ¿el intento de disciplinamiento responde meramente a la coyuntura nacional y local, como un momento en las luchas entre estas fracciones de clase? ¿O señalan un cambio profundo, que puede ir más allá del momento de derechas que vivimos? Las articulaciones locales-globales que indicamos parecen indicar lo segundo.